La nueva propuesta de la Comisión Europea para la Política Agraria Común (PAC) correspondiente al periodo 2028–2034 ha generado una profunda preocupación en el sector agrario y ganadero europeo. El texto plantea una reducción del 22% del presupuesto, pasando de los actuales 387.000 millones de euros a 302.000 millones, en un contexto de fuerte incremento del gasto en defensa.
Uno de los aspectos más controvertidos es el desmantelamiento del sistema tradicional de dos pilares —ayudas directas y desarrollo rural— para integrarlo en un fondo multisectorial común, gestionado bilateralmente entre Bruselas y los Estados miembros. Esto supone la pérdida de autonomía presupuestaria para el sector agroalimentario, diluye el carácter común de la PAC y aumenta el riesgo de desigualdad territorial, ya que las regiones con mayores recursos podrían destinar más ayudas que otras con mayores necesidades estructurales.
Cambios clave que afectan al sector ganadero y agrícola:
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Recorte del presupuesto total del 22%: pone en riesgo el mantenimiento de ayudas fundamentales para explotaciones agrarias y ganaderas.
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Desaparición del pilar de desarrollo rural: afectará directamente a la modernización de instalaciones, incorporación de jóvenes, transición ecológica o eficiencia hídrica.
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Posible exclusión de agricultores jubilados a partir de 2029: medida especialmente grave en regiones con alta edad media en el sector.
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Gestión descentralizada de ayudas: los Estados miembros —e incluso las comunidades autónomas— podrían tener más control, rompiendo la equidad de las políticas agrarias comunes.
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Pérdida de fondos estratégicos: la renacionalización de los recursos puede provocar desvíos hacia otras áreas como defensa o migración, dejando a la ganadería y la agricultura en un segundo plano.
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Aumento de la incertidumbre normativa: las ayudas quedarán sujetas no solo a criterios agrarios, sino también a decisiones macroeconómicas y políticas.
Aunque la propuesta incluye la continuidad de las ayudas directas y el refuerzo de algunas medidas sociales ya vigentes (como los techos de ayuda a grandes explotaciones o el reconocimiento del agricultor pluriactivo), la eliminación del segundo pilar pone en jaque numerosas líneas que hasta ahora sustentaban la viabilidad del sector.
Desde el ámbito ganadero, esta reforma podría suponer un grave retroceso en la profesionalización del sector, limitando su acceso a financiación para la innovación, bienestar animal o sostenibilidad ambiental.
Llamamiento al diálogo
Ante esta situación, nueve comunidades autónomas han solicitado la convocatoria urgente de una Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural con el Gobierno de España para analizar el impacto de esta reforma. La demanda es unánime: la PAC no puede perder su carácter estratégico, ni su papel como herramienta de cohesión territorial, social y económica.
Desde ANAFRIC compartimos la inquietud del sector primario y alertamos sobre las posibles consecuencias de este nuevo planteamiento: pérdida de competitividad, subida de precios, inflación alimentaria y debilitamiento del modelo ganadero profesional. La seguridad alimentaria no se garantiza únicamente con tratados, sino con una agricultura y ganadería vivas, sostenibles y profesionalizadas.
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