La aplicación del Reglamento europeo que prohíbe la comercialización de productos y mercancías relacionados con la deforestación podría retrasarse 12 meses. Esta decisión permitirá a las grandes empresas un mayor tiempo para prepararse y dar cumplimiento con los nuevos requisitos a partir del 30 de diciembre de 2025, mientras que para microempresas y PYMES la fecha se extiende hasta el 30 de junio de 2026. El aplazamiento afecta especialmente a los capítulos clave del reglamento, que han suscitado mayor controversia y preocupación entre los sectores afectados, como el cárnico.
Este retraso se produce tras las múltiples manifestaciones de preocupación por parte de organizaciones representativas de los diferentes sectores implicados y gobiernos de Europa, España incluida, así como de otras partes del mundo. La medida deberá ser ratificada por el Consejo y el Parlamento Europeo antes de finalizar el año.
Decisión positiva
Desde ANAFRIC, su presidente, José Friguls, ha valorado positivamente la decisión, aunque con cautela: “Todavía falta la aprobación final, pero creemos que va en buena sintonía”. Además, recordó el posicionamiento que la asociación ya ha expresado en numerosas ocasiones: “Todas las partes somos conscientes de las dudas e incertidumbre que genera la aplicación del Reglamento. Por ello, tanto desde nuestra asociación como junto a otras organizaciones sectoriales, hemos solicitado la creación de un grupo de trabajo específico, compuesto por expertos del sector y representantes de las administraciones implicadas, para colaborar en la implementación de la nueva legislación, teniendo en cuenta la realidad operativa del sector. Sin embargo, este grupo no ha sido creado hasta la fecha”.
ANAFRIC también ha reiterado la importancia de utilizar herramientas públicas a nivel nacional y autonómico que puedan ser útiles para los operadores y comerciantes en el cumplimiento de la debida diligencia. Según la propuesta de anteproyecto de ley para la aplicación del Reglamento, que estuvo en consulta pública en julio, parece existir voluntad por parte de las administraciones de poner estas herramientas a disposición del sector. No obstante, todavía quedan muchos detalles por definir.
«Creemos que el apoyo continuo y colaboración entre administración y sector son fundamentales para abordar las cuestiones clave de manera efectiva e intentar dar respuesta a las preguntas y dudas que actualmente los operadores del sector tienen para asegurar una correcta implementación de las medidas necesarias. Si finalmente se concede este aplazamiento, debemos comenzar a trabajar de inmediato para asegurarnos de que, cuando llegue la fecha de aplicación, todo el trabajo esté completo y los operadores se sientan preparados para adaptarse al nuevo marco normativo», ha declarado Jose Friguls.
