El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, la primera norma estatal que regula esta materia en España. La ley, aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 20 de marzo, tiene como objetivo fomentar un uso más eficiente de los alimentos y reducir el despilfarro en toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo final.
Según ha explicado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, esta nueva normativa busca sobre todo concienciar a la sociedad sobre el valor de los alimentos y el trabajo de quienes los producen, incluyendo a los ganaderos. “No hay alimento más caro que el que termina en la basura”, ha afirmado.
Una norma con impacto en toda la cadena alimentaria
La ley contempla la obligación para todos los operadores de la cadena alimentaria de contar con un plan de prevención de pérdidas y desperdicio, adaptado a su actividad. Este plan permitirá detectar puntos críticos de pérdida en los procesos y aplicar medidas correctoras para evitar que los alimentos terminen desechados sin aprovecharse.
Además, se establece una jerarquía de usos para los excedentes alimentarios, priorizando el consumo humano (ya sea mediante transformación o donación), seguido del uso para alimentación animal o elaboración de subproductos para la industria. Solo si ninguna de estas vías es posible, los alimentos se destinarán al reciclaje, como compostaje o generación de biogás.
Para facilitar las donaciones, las empresas deberán firmar acuerdos con entidades sociales o bancos de alimentos, en condiciones previamente establecidas por escrito.
Plazos y excepciones
La ley introduce ciertas flexibilidades para facilitar la adaptación, especialmente para las pequeñas explotaciones. Las microempresas y explotaciones agrarias de menos de 50 trabajadores quedan exentas de la obligación de elaborar un plan de prevención o de firmar acuerdos de donación.
También se exceptúa a los establecimientos de menos de 1.300 m² en sectores como el comercio minorista, la restauración o la hostelería, siempre que no pertenezcan a grandes cadenas.
Las principales obligaciones, como contar con un plan de prevención o promover acuerdos de donación, entrarán en vigor en abril de 2026, un año después de su publicación en el BOE.
Buenas prácticas y sanciones
La ley no solo impone obligaciones, sino que también promueve buenas prácticas que pueden ser beneficiosas para el sector, como la venta de productos con defectos estéticos o con fecha de caducidad próxima, siempre dentro de los límites legales establecidos por la normativa europea.
El texto también contempla un régimen sancionador, aunque con un enfoque no punitivo. Las infracciones leves podrán ser subsanadas y contemplan sanciones de hasta 2.000 euros, mientras que las graves, como no contar con un plan de prevención, pueden suponer multas de entre 2.001 y 60.000 euros. Las reincidencias pueden llegar hasta los 500.000 euros en casos muy graves.
Compromiso con la sostenibilidad
Esta ley refuerza el compromiso del sector alimentario español con la sostenibilidad, la eficiencia productiva y el respeto al trabajo de todos los eslabones de la cadena. Para el sector ganadero y cárnico, representa una oportunidad para optimizar recursos, reducir mermas y reforzar el papel social del sector, especialmente a través de iniciativas de donación y transformación.
En Anafric seguiremos informando sobre la aplicación práctica de esta normativa y ofreciendo apoyo al sector para su correcta implementación.
