La nueva Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, en vigor desde abril de 2025, fija un objetivo claro: reducir a la mitad el desperdicio alimentario per cápita en 2030 en el ámbito de la distribución y el consumo, y disminuir en un 20% las pérdidas en la cadena de producción y suministro. Desde el 3 de abril de 2026, los bares y restaurantes están obligados a facilitar a sus clientes, sin coste adicional, los alimentos no consumidos.
Se trata de una norma que afecta a todos los eslabones de la cadena alimentaria —incluido el sector cárnico— y que refuerza el compromiso con la sostenibilidad, la eficiencia y el aprovechamiento de los recursos.
Prioridad: prevenir y aprovechar
Uno de los pilares de la ley es la llamada jerarquía de prioridades, que establece cómo deben gestionarse los excedentes:
- Prevención de pérdidas
- Donación para consumo humano
- Uso en alimentación animal
- Aprovechamiento industrial
- Eliminación como residuo (última opción)
Este enfoque busca maximizar el valor de los alimentos y avanzar hacia un modelo más circular.
Nuevas obligaciones para empresas y establecimientos
Las empresas alimentarias deberán contar con un plan de prevención del desperdicio alimentario, donde se definan medidas concretas para reducir pérdidas y optimizar la gestión de excedentes.
Además, la ley impulsa:
- La donación de alimentos aptos para el consumo mediante acuerdos formales
- La prohibición de inutilizar productos para evitar su aprovechamiento
- Una mayor concienciación sobre la diferencia entre fecha de caducidad y consumo preferente
Desde el 3 de abril, los bares y restaurantes están obligados a facilitar a sus clientes, sin coste adicional, los alimentos no consumidos. Para ello, deberán disponer de envases adecuados —preferiblemente reutilizables o reciclables— e informar de este derecho de forma visible.
Esta medida busca normalizar el aprovechamiento de los alimentos y eliminar el estigma de llevarse las sobras.
Por su parte, los establecimientos comerciales deberán fomentar la venta de productos próximos a su fecha de consumo preferente o caducidad, aplicando reducciones de precio, y evitar cualquier práctica que implique el deterioro intencionado de alimentos.
Asimismo, la Administración reforzará su papel mediante campañas de sensibilización y supervisión de comedores colectivos, como hospitales o residencias, para reducir las mermas alimentarias.
Aplicación progresiva y sanciones
Aunque la ley ya estaba en vigor, algunas obligaciones se aplicarán de forma progresiva hasta abril de este año.
El incumplimiento de la normativa conlleva un régimen sancionador que ya es aplicable:
- Infracciones leves: hasta 2.000 €
- Infracciones graves: hasta 60.000 €
- Infracciones muy graves: hasta 500.000 €
Entre ellas se incluyen aspectos como no informar al consumidor, no disponer de planes de prevención o una gestión inadecuada de los excedentes.
Para el sector cárnico, esta normativa supone una oportunidad para seguir avanzando en eficiencia, sostenibilidad y valorización de los productos, en línea con muchas prácticas ya implantadas en la industria.
Podéis actualizar la información sobre La ley contra el desperdicio alimentario, en nuestra sección DESPERDICIO ZERO.
*Imagen: IA
